Devuelven tierras a Atenco… a 20 años de la represión
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Atenco.- A dos
décadas del operativo que marcó a San Salvador Atenco, el Gobierno federal
realizó la devolución de 54 hectáreas al ejido, en un acto encabezado por la
presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada por la gobernadora mexiquense
Delfina Gómez Álvarez.
La restitución forma parte del Plan de Justicia para Atenco,
con el que se busca reparar daños históricos y reactivar el uso agrícola de las
tierras en la región.
En su mensaje, la presidenta fue directa: “Hoy, 20 años
después, estamos regresando tierras y reconociendo la dignidad del pueblo de
Atenco”, al recordar los hechos de 2006, cuando se registró una de las
represiones más violentas contra campesinos que se oponían al proyecto
aeroportuario en Texcoco.
Previo al evento, el paso de la mandataria fue frenado.
Habitantes de la colonia La Pastoría bloquearon la carretera Texcoco-Lechería
para exigir solución al abasto de agua y denunciar presuntas irregularidades en
el manejo de un pozo.
El convoy quedó detenido varios minutos. Hubo diálogo. La
presidenta descendió, escuchó a los inconformes y tras un intercambio breve, le
permitieron continuar.
Ya en el acto, frente a ejidatarios y representantes del
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Sheinbaum insistió en que el
desarrollo “no puede construirse sobre el despojo”, en referencia a proyectos
pasados.
Durante la ceremonia, se le colocó a la mandataria el
paliacate rojo, símbolo del movimiento de resistencia en Atenco.
Autoridades informaron que esta es la segunda restitución de
tierras; en años recientes ya se habían devuelto más de 180 hectáreas. El
objetivo, señalaron, es consolidar la vocación agrícola y cerrar un capítulo
marcado por el conflicto social.
San Salvador Atenco se mantiene como símbolo de resistencia
social desde 2001, cuando campesinos se opusieron a la expropiación de sus
tierras para un proyecto aeroportuario en Texcoco. El conflicto derivó en mayo
de 2006 en un operativo policial que dejó dos personas muertas, decenas de
heridos y más de 200 detenidos, además de denuncias por violaciones a derechos
humanos. Años después, instancias internacionales condenaron al Estado mexicano
por estos hechos. En 2018, el proyecto fue cancelado tras una consulta
nacional.
